EL ALTO GUADIANA

Para comprender la situación ecológica del Alto Guadiana y del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel no es preciso recurrir a la argumentación científica porque se puede conocer el deterioro progresivo, tal vez irreversible, en que se encuentran el río y los humedales manchegos con sólo visitar los lugares mencionados.

Para Ecologistas en Acción de Ciudad Real, el Plan Especial del Alto Guadiana del Ministerio de Medio Ambiente y la actuación ,más bien considerada como inexistencia de una política territorial, de la Junta de Castilla-La Mancha no están orientados hacia la conservación de los acuíferos, la lucha contra la erosión y la recuperación medioambiental del entorno. Los ecologistas argumentan en relación al Plan Especial del Alto Guadiana que su presupuesto se utilizará "(..)en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos disfrazado en forma de reconversión agrícola." Además, consideran que la extacción de agua que recoge el Plan y que se fija en 200 hm3/año no es admisible y que debería ser inferior a 130 hm3/año. "El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalment. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla La Mancha de mantener la misma superficie de regadío, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hsta ahora y en buen parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra" (revista Retama nº 30 Noviembre 2007), argumentan los ecologistas para quienes el Plan tampoco adopta medidas para disminuir el vertido de contaminantes procedentes de la agricultura ni contempla una solución ecológica para la escasez de agua en la región puesto que el trasvase desde el Tajo a la llanura manchega no sería en ningún caso una solución positiva.

Para el Gobierno de España, la finalida del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es mantener un uso sostenible de los acuíferos de la zona que, en su conjunto, se reconoce que está medioambientalmente muy degradada. La Administración Central entiende que "(...) la actividad agrícola se encuentra en el origen principal de la sobreexplotación de las masas de agua subterránea y su consiguiente degradación, por lo que una parte fundamental de la mejora de estas masas dependerá de un Programa agrícola concebido con el objetivo de reducir los consumos de agua a través de la previsión de las mejores técnicas de riego posibles y de la reorientación hacia cultivos escasamente consumidores de agua." El Gobierno Central y regional entienden que el PEAG responde a las exigencias de la Directiva 200/60/CE en el sentido de que busca un equilibrio entre la extracción y la alimentación de las aguas subterráneas para garantizar el buen estado de las mismas y que dicha recuperación se va a conseguir con este PEAG en el plazo de 15 años que marca la Directiva. En un artículo de 13/01/08 publicado en la página web www.laverdad.es se cita a la ministra Narbona: "En este sentido, indicó que «ya se han cerrado pozos sin que esos cierres hayan comportado problemas de carácter social o económico» y agregó que «no se trata de que no haya pozos» en el Alto Guadiana, sino de que existiendo, se extraiga de ellos lo que es posible." El PEAG contempla la transformación de los derechos privados existentes en derechos concesionales sobre el agua en un intento de controlar el aprovechamiento de este recurso y permitir una mayor intervención de la Administración. El PEAG lleva consigo también una serie de programas en materia hidráulica, sensibilización medioambiental, abastecimiento, modernización del sector agrario,etc. Todos estos programas tienen que ser aprobados por el organismo que se crea para tales fines y cuya denominación es Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana y donde la Administración autonómica tendrá un particpación decisiva.

En cuanto a los agricultores, en un artículo publicado en la página web www.soitu.es se recogen las palabras del portavoz de la Plataforma por el Agua y la Viña Jesús de Juán: "El Plan Especial del Alto Guadiana no soluciona el problema de los pozos ilegales", afirmó De Juan, quien apostilló que "cada día llegan cientos de multas, de hasta 300.000 euros, a las que a los agricultores nos es imposible hacer frente" y apostilló que "lo único que pedimos es agua para vivir". Para ASAJA de Castilla La Mancha, los aspectos que consideran irrenunciables pasan por evitar que se sancione a los agricultores, creación de un banco de compraventa de derechos de agua entre particulares con supervisión pública, la posibilidad de acumular para futuras campañas el agua no consumida y que se realicen al acuífero trasvases externos de 50 hm3/año (ver página web de la organización www.asaja.org).

Hemos intentado recoger algunas de las opiniones sobre este polémico plan, así como reflejar en la exposición las claves del texto aprobado por el Consejo de Ministros. A pesar de que no todos los agricultores se manifiestan de la misma forma ni tampoco todas las organizaciones ecologistas tienen el mismo punto de vista, existen ciertas coincidencias y planteamientos generales que unifican las reclamaciones de unos y otros. El hecho es que existe una degradación medioambiental severa en la zona del Alto Guadiana y que el acuífero 23 está sobreexplotado. A nuestro juicio, ni los trasvases son la solución ni el mantenimiento de la agricultura en los términos actuales es viable en términos medioambientales. Ni agricultores ni administraciones públicas han entendido todavía que el interés que debe primar por encima de las necesidades económicas y sociales de los agricultores es el interés general de la conservación de los recursos hídricos para consumo humano y para garantizar la suficiencia ecológica del acuífero, del río Guadiana y de los humedales manchegos. Las prioridades tienen que ser otras distintas a las contempladas en el PEAG, buscando la eliminación de prácticas de utilización legal o ilegal del agua para la agricultura y posibilitando fórmulas de desarrollo en las poblaciones que no se basen en la sobreexplotación de los recursos hídricos. Añadamos a esto que ni las políticas de subvenciones comunitarias a la agricultura ni el paternalismo estatal existente han ayudado a conseguir una agricultura moderna (esto es no dependiente de grandes recursos hídricos, respetuosa con el entorno, con cultivos adaptados al clima de cada zona y que utilice abonos naturales). Ahora comienzan a cuestionarse muchas de estas políticas, pero el tiempo en el caso de España y concretamente de nuestra región juega en nuestra contra. Aunque todavía se sabe poco en este sentido, el cambio climático es una realidad que a nosotros nos afecta plenamente y en un sentido muy perjudicial pues la tendencia hacia una disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas provocarán una menor capacidad de retención de agua en acuíferos ríos y humedales. La agricultura sencillamente no es sostenible en los términos actuales y cuanto antes empiecen a comprenderlo los agricultores y las administaciones públicas, mejor será para todos. Hay otras prácticas contrarias a la protección medioambiental como el despilfarro en el consumo humano e industrial, la contaminación de las aguas, la eliminación de masas forestales, la inexistencia de políticas de reforestación con ejemplares autóctonos, la excesiva presión urbanística sobre el suelo, en general una falsa conciencia medioambiental de masas que habla de proteger el medioambiente pero sin tocar en ningún momento los negocios, las rentas, los cultivos, la forma de vida o las prácticas tradicionales. El interés particular siempre por delante del interés general, pero en este caso ya no hay elección. Nuestra presión sobre el entorno en el que vivimos es excesiva. No sabemos qué ocurrirá exactamente en el futuro, pero las políticas públicas no han optado por un planteamiento radical de protección medioambiental y por lo tanto de garantía de existencia de recursos hídricos para las poblaciones futuras y no lo han hecho por cobardía o porque prefieren dejar lo difícil para otros. En mi opinión, lo que parece desearse desde las administraciones es que el statu quo entre los distintos agentes implicados no se altere demasiado, aunque la balanza se incline ligeramente del lado conservacionista, y por lo tanto no podemos confiar en que la situación del agua en la región esté en un camino de solución con garantías de futuro.

Origen de la fotografía: AUTOR

Fotografía: El Guadiana a su paso por el término municipal de Carrión de Calatrava